La tecnología y la relación público-privado

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Durante mi adolescencia, nos comunicábamos con mis amigos a través de Messenger, y teníamos un fotolog para compartir online fotos e información, a través de una computadora, conectada a internet por cables. Los celulares no tenían conexión a internet y mandaban mensajitos de texto SMS. Hoy, diez años después, los celulares que tenemos son más sofisticados que la computadora más compleja de hace una década, poseen conexión a internet remota, y con ellos podemos utilizar una gran cantidad de aplicaciones de todo tipo, desde redes sociales como Instagram o Twitter, pasando por cámaras de fotos avanzadas, hasta mensajería instantánea encriptada con Whatsapp y Telegram, y un sinfín de posibilidades más. Del mismo modo que el avance de la tecnología afectó nuestra vida cotidiana, también afectó la producción, el nivel de vida de la sociedad, acortó las distancias, y hoy contamos con la posibilidad de comunicarnos con cualquier persona en cualquier lugar del mundo con acceso a internet. Las cadenas de producción de bienes se vieron modificadas, los servicios están en pleno crecimiento, y la globalización entró en un espiral que cada vez se profundiza más.

Ahora bien, si estos descubrimientos cambiaron nuestra forma de vivir, trabajar y comunicarnos, ¿por qué no habrían de hacerlo también con los gobiernos? Por la naturaleza propia de cada organización, las empresas y las organizaciones no gubernamentales suelen tener mayor capacidad de adaptación a los cambios, por lo que no sólo adoptan, sino que inclusive desarrollan nuevas tecnologías y métodos de trabajo antes que estos lleguen a los gobiernos. A principios de siglo, con la entrada disruptiva de las Tecnologías de la Información y Comunicación (TICs), varios autores comenzaron a plantearse las dificultades de la construcción de gobiernos electrónicos en el mundo entero (Cistoldi, 2002; Criado & Ramilo, 2001; Susman, 2001), pero a mediados de la primera década, cuando los avances ya eran evidentes, los gobiernos en Latinoamérica, en su mayoría, poseían solamente portales webs informativos, en el mejor de los casos, lejos de un verdadero e-government: una forma de abordar la administración pública con el apoyo de las TICs, para mejorar los servicios e información ofrecidos a los ciudadanos y las organizaciones, mejorar y simplificar los procesos de soporte institucional y facilitar la creación de canales que permitan aumentar la transparencia y la participación ciudadana (Clusellas, Martelii y Martelo, 2014). Por brindar un ejemplo, en Argentina, recién en el año 2013 la Ciudad de Buenos Aires, pionera en Argentina, logró tener un portal transaccional, llamado Tramitación a Distancia, implementado a través del Decreto 429/13.

Pero quedarse solamente en la gestión de gobierno en cuanto trámites con el ciudadano sería tener una visión reduccionista, y dejaría de lado muchas oportunidades que la realidad nos da para el avance en las relaciones público-privado. Si el avance tecnológico revolucionó todos los ámbitos de nuestra vida, ¿por qué no habría de hacerlo con el gobierno? Hoy en día, tecnologías como Internet of Things o Inteligencia Artificial, brindan a los gobiernos toda una serie de posibilidades que están descubriendo e implementando: desde tener en tiempo real el detalle del recorrido de los patrulleros o de los camiones de basura, hasta saber la medición precisa para un uso eficiente de la energía en edificios y espacios públicos. Pero lo más interesante de todo ello, para la práctica de Asuntos Públicos (AP), no es lo que pasó, sino lo que pasará, pues para todas estas posibilidades que van surgiendo, es necesario para el gobierno contar con apoyo de las empresas especializadas en el rubro, y tener proveedores confiables que puedan brindarles los servicios necesarios para implementar nuevas tecnologías. Por el lado de las empresas, además de las oportunidades de negocio que se les van presentando, necesitan también del Estado: es necesaria buena infraestructura y marcos normativos que fomenten los desarrollos y no frenen la innovación. Es en esa articulación público-privado, donde desde la práctica de AP se nos presenta el desafío de acompañar a los clientes en su relacionamiento con el gobierno, generando los espacios más favorables para ello, buscando las posibilidades a las que van dando lugar los desarrollos del mercado y las orientaciones de las políticas públicas de los gobiernos. Estar atentos a esos detalles, generar espacios de diálogo, mantener relación con todos los actores relevantes del ámbito público, ser previsores en los posibles escenarios futuros, adelantarse a ellos y planificar estrategias adecuadas para cada uno, es la manera en que debemos afrontar este tiempo de cambio, para que nuestros clientes de AP estén siempre preparados para los desafíos que la revolución tecnológica trae consigo.

Por Roberto Nolazco, Senior Account Executive de JeffreyGroup Argentina